Autor: LatamChequea

La red de chequeadores latinoamericanos LatamChequea rechaza los ataques a fact checkers ecuatorianos y llama a proteger la verificación independiente y transparente.

La red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, muestra su especial preocupación ante ataques, hostigamiento y violencia digital contra chequeadores de Ecuador Chequea y Lupa Media, miembros de LatamChequea, en un contexto de restricciones a la libertad de prensa en Ecuador.

Según el último informe de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Ecuador fue el segundo país del mundo y el primero en América Latina donde más cayó la libertad de prensa en el último año, ubicándose en el puesto 125 de 180 naciones analizadas. Luego del asesinato en 2025 de Darwin Baque y Patricio Aguilar, la organización alertó a principios de 2026 sobre una escalada de amenazas de muerte contra periodistas y criticó no sólo la inacción de las autoridades para proteger a la prensa, sino también su impulso a restringirla.

En este contexto, los ataques digitales que recibieron los chequeadores independientes en las últimas semanas son una muestra más del clima de hostigamiento que se advierte en Ecuador y en distintos países de Latinoamérica contra las organizaciones independientes de periodismo de verificación, que cumplen un rol fundamental en la lucha contra la desinformación y en pos de la rendición de cuentas.

LatamChequea también remarca la importancia de la transparencia en las iniciativas de chequeo independientes, especialmente en sus métodos, equipos editoriales y financiamiento. Desde hace años observamos en la región el surgimiento de supuestas iniciativas de fact checking que no publican su método, actúan con sesgos en sus publicaciones y son opacas sobre su equipo editorial o su financiamiento, algo que también sucede en Ecuador. Y, en algunos casos, incluso son impulsadas directamente desde gobiernos. 

Estos proyectos que buscan aprovechar la confianza que las audiencias depositan en los medios de verificación, terminan erosionando el trabajo de los verificadores independientes. Al apropiarse de formatos, etiquetas y calificaciones asociadas al fact checking sin cumplir estándares básicos de transparencia, independencia y rigor metodológico, contribuyen a degradar el valor público de la verificación y a banalizar una herramienta fundamental para el debate democrático informado.

El periodismo de verificación es primordial para sostener la calidad de las democracias de nuestra región. Como red de chequeadores reiteramos que, para sostener el derecho humano a la información, es necesario que los verificadores independientes puedan realizar su trabajo en libertad.

La red que reúne a 46 verificadores latinoamericanos coincide que las notas de la comunidad no alcanzan en contextos de alta desinformación.

El Consejo Asesor de Contenido de Meta (Oversight Board, en inglés) publicó la semana pasada su opinión sobre la posible expansión del programa de Notas de la Comunidad fuera de Estados Unidos. En ella, el Consejo señala que este programa no es suficiente como herramienta principal para abordar la desinformación y subraya la importancia del fact-checking profesional. LatamChequea, la red latinoamericana de chequeadores, valora esta opinión y coincide en que cualquier despliegue de estas herramientas en la plataforma debe complementar, y no sustituir, a las verificaciones independientes.

El Consejo también insta a Meta a no avanzar con este programa en contextos especialmente sensibles, como procesos electorales, entornos donde los derechos humanos estén restringidos, países con historial de redes coordinadas de desinformación y regiones con obstáculos persistentes al acceso a Internet. La opinión fue emitida en respuesta a un pedido de Meta sobre las consideraciones que debería tener en cuenta para expandir el programa a otros países y se dio después de un proceso de consulta del que LatamChequea participó. 

El programa de Notas de la Comunidad de Meta existe por ahora solo en Estados Unidos, donde se anunció en enero de 2025, y está basado en el sistema de X. Funciona a partir de contribuciones voluntarias de usuarios que agregan contexto a las publicaciones en la red social. Estas contribuciones solo se publican si alcanzan consenso entre usuarios que habitualmente difieren en sus opiniones.

El Consejo Asesor identificó algunas limitaciones estructurales de estos programas: la demora en la publicación de las notas, el número reducido de notas que efectivamente se publican y su dependencia de la confiabilidad del ecosistema informativo más amplio, según muestra la última evidencia disponible. Estos límites son especialmente relevantes en contextos de alta polarización, crisis o circulación viral de desinformación, donde la velocidad, la escala y la calidad de las fuentes son determinantes. 

En cuanto al rol de los chequeadores, el Consejo destacó que las investigaciones muestran que “los verificadores de datos profesionales se encuentran entre las fuentes más citadas como contexto de apoyo, lo que evidencia la dependencia de las notas de la comunidad del trabajo de los verificadores”. Y agrega: “Reducir el apoyo a los verificadores de datos probablemente afectará a las notas de la comunidad, ya que los colaboradores contarán con menos fuentes confiables para citar”. Es decir, que el fact-checking no sólo sigue siendo necesario, sino que es una infraestructura crítica para el funcionamiento del propio sistema, como señalaron la Red Internacional de Verificadores (IFCN, sus siglas en inglés) y la Red Europea de Verificadores (EFCSN, sus siglas en inglés).

El fact-checking profesional no elimina contenidos ni restringe la libertad de expresión: agrega contexto verificado, evidencia y metodología profesional para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Es una práctica periodística y una forma de ejercicio de la libertad de expresión que aporta precisión, transparencia y expertise local, especialmente en temas complejos o de alto impacto público.

El Consejo también advirtió sobre los riesgos del sistema de notas de la comunidad para los derechos humanos. Entre ellos, su potencial uso como herramienta para disuadir la participación pública -al etiquetar las intervenciones de los usuarios, lo que podría derivar en acoso o represalias- y su posible apropiación por parte de redes coordinadas de desinformación. En palabras del propio Consejo Asesor de Meta: “En contextos políticos donde el espacio cívico está restringido y los derechos humanos se encuentran en riesgo, las Notas de la Comunidad pueden desalentar la disidencia, el periodismo ciudadano y la verificación liderada por usuarios, así como las perspectivas minoritarias, especialmente ante la falta de transparencia sobre el funcionamiento del sistema o de vías de apelación significativas”.

En América Latina, estos riesgos son aún más relevantes por la combinación de procesos electorales frecuentes, redes coordinadas de desinformación, desigualdad en el acceso a información confiable, desafíos para el acceso a información pública, desiertos informativos, restricciones al espacio cívico en varios países y una alta diversidad contextual. En estos entornos, sustituir el trabajo de verificadores profesionales por mecanismos de crowdsourcing puede debilitar, y no fortalecer, la integridad del ecosistema informativo.

Desde LatamChequea compartimos la postura de que las herramientas comunitarias que contribuyen a mejorar la calidad de la información son valiosas, siempre que se implementen de manera cuidadosa, transparente y atenta a los distintos contextos. Sin embargo, esto no debe traducirse en la eliminación de otras herramientas que han demostrado efectividad para mitigar los impactos de la desinformación, como el programa de verificadores independientes de Meta (Third Party Fact-Checking, en inglés).

En este sentido, instamos a Meta a sostener y fortalecer sus vínculos con verificadores independientes y a adoptar un modelo híbrido que combine notas de la comunidad con estándares probados de verificación profesional y protección de derechos.

El objetivo de LatamChequea es compartir experiencias y herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público y fomentar procesos de colaboración entre diversas organizaciones de Latinoamérica para aumentar el impacto del fact-checking y la lucha contra la desinformación en nuestro continente.

El periodismo de verificación es esencial para sostener la calidad de las democracias en tiempos de polarización. Cuando todo parece dividido, el periodismo basado en hechos ayuda a reconstruir una base común para el debate público. Verificar información es algo más que corregir errores: es defender el derecho de las personas a decidir con evidencia, no con mentiras.

LatamChequea hace un llamado urgente a financiadores, plataformas y gobiernos a defender la verificación, porque es el derecho de las personas a estar informadas. Cuando ese derecho se erosiona, lo que está en juego no es solo el periodismo, sino la salud misma de nuestras democracias.

Las organizaciones de verificación en América Latina enfrentan una tormenta perfecta. La ruptura de la cooperación internacional de Estados Unidos impacta la sustentabilidad de muchos proyectos, un panorama que solo favorece a quienes fabrican desinformación. Llamamos a los financiadores del mundo que apoyan la integridad de la información a dar un paso al frente. Las sociedades de América Latina, en su diversidad de identidades y culturas, necesitan medios independientes y sostenibles para mitigar los daños reales de la desinformación sobre los derechos ciudadanos y la calidad democrática. 

Las plataformas de redes sociales deben ser parte de la solución, no del problema. Necesitamos más transparencia, no menos. Urgimos a las plataformas a dar un mayor acceso a datos y colaborar con quienes combaten la desinformación, y a Meta en particular a revertir la decisión de terminar el programa de verificadores independientes en Estados Unidos, una medida que deja aún más a la intemperie informativa a millones de estadounidenses y acecha sobre el resto del mundo. 

Las compañías de inteligencia artificial deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la desinformación. Es urgente que entrenen sus modelos de manera ética, implementen mecanismos para asegurar la veracidad de los contenidos que generan y acepten la colaboración de verificadores expertos para asegurar la integridad de la información. 

A los gobiernos y parlamentos de la región les decimos con claridad: proteger la libertad de expresión es su deber. Las leyes que criminalizan el financiamiento internacional en países como Paraguay, Perú, Venezuela y El Salvador, que se suman a normas similares aprobadas en Nicaragua y Guatemala desde inicios de esta década, no cuidan la soberanía: son intentos de silenciar a medios y organizaciones que trabajan con transparencia y al servicio de la ciudadanía. Esas leyes deben ser derogadas.

Sin verificación, gana la mentira. Defendemos el derecho a la información como un derecho humano y un bien público. No aceptaremos retrocesos.

Comunicado de la red de chequeadores latinoamericanos LatamChequea sobre los cambios en la ley de cooperación internacional en Perú y el impacto negativo que podría tener en la sociedad civil.

La red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, expresa su preocupación por la normativa aprobada en Perú que modifica la Ley 27.692, que reglamenta el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por el riesgo que presenta para la libertad de expresión y el impacto negativo que podría tener en el ecosistema de medios independientes peruanos que son asociaciones civiles. 

La ley, que está pendiente de promulgación u observación por la presidenta Dina Boluarte, impondría la necesidad para las ONGs de una aprobación por parte de la APCI (un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú) antes de ejecutar proyectos financiados por organismos internacionales, lo cual podría interferir con el desarrollo de sus actividades. También prohibiría que se inicien demandas contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. Esto, además de impactar en la capacidad de llevar adelante litigios en defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, pondría en jaque la posibilidad de iniciar acciones legales para acceder a la información pública, una herramienta muchas veces necesaria para el trabajo periodístico. 

Distintos análisis jurídicos independientes han establecido que las modificaciones planteadas vulneran una serie de garantías constitucionales como el derecho a la libertad de asociación, el derecho fundamental al acceso a la defensa gratuita de víctimas y sus familiares, e incluso el derecho al secreto profesional en el caso de medios que eventualmente queden sujetos al control previo de la agencia estatal para realizar sus tareas periodísticas. Además, impone trabas burocráticas excesivas y contempla sanciones desproporcionadas a situaciones descritas de manera ambigua.

Varias entidades, como organismos de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros, ya habían manifestado su preocupación durante el tratamiento del proyecto de ley, justamente por los riesgos que representa para la autonomía de las organizaciones no gubernamentales. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación porque “bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes y medios que dependen de financiamiento externo para investigaciones periodísticas” y que, de aplicarse, “limita las libertades de asociación, pensamiento y participación política de las organizaciones civiles”. 

Las restricciones impuestas por esta ley representan una amenaza directa a la labor de medios independientes y verificadores de hechos en Perú, quienes cumplen un rol esencial en la lucha contra la desinformación y la rendición de cuentas. Obstaculizar que accedan a financiamiento independiente y a herramientas legales para defender el derecho a la información equivale a debilitar el periodismo y socavar la democracia en la región. 

Desde LatamChequea vemos con preocupación el impacto que esta normativa podría tener sobre el ejercicio de los chequeadores independientes del país, varios de ellos constituidos como asociaciones civiles, y que va en línea con otras iniciativas de la región que buscan controlar y limitar el periodismo independiente y de calidad.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa y rechazamos cualquier intento de control estatal que limite el ejercicio periodístico y la labor de la sociedad civil.