Qué sabemos (y qué no) sobre el impacto real de la desinformación


En la última década, la desinformación se convirtió en objeto de preocupación generalizada entre gobiernos, ciudadanos, organismos internacionales, plataformas digitales y académicos. Sin embargo, persiste una pregunta central: ¿cuál es el impacto real de la desinformación? La respuesta no es trivial, y la búsqueda de evidencia es particularmente difícil de resolver tanto por cuestiones metodológicas como epistemológicas. Esto ha generado un debate activo entre académicos sobre la magnitud del problema y su capacidad para modificar creencias y comportamientos.

Para comprender este debate, es fundamental reconocer que la preocupación actual no surge por la novedad del fenómeno sino por las características del entorno donde se despliega, que modifica la escala y la complejidad del problema. La desinformación no es un fenómeno nuevo: rumores, propaganda y falsedades han existido en todas las épocas y sociedades. Lo que cambió radicalmente es el ecosistema informativo en el que circulan. Internet redujo drásticamente los costos de acceder, producir y compartir información. Cualquiera puede crear narrativas falsas y alcanzar audiencias masivas con velocidad sin precedentes. Además, la propia dinámica de la web y las redes sociales incentiva monetariamente a quienes generan más clics, convirtiendo la producción de información “explosiva”, aunque falsa, en fuente de ingresos. De esta manera, el actual ecosistema informativo crea condiciones especialmente favorables para la propagación de narrativas desinformantes.

La magnitud del fenómeno


Algunos investigadores sostienen que el hecho de que exista un terreno fértil para la circulación de desinformación no implica necesariamente que esta tenga un gran impacto en la sociedad, y apoyan esta afirmación en estudios que indican que la exposición de las personas a contenidos falsos es, en promedio, limitada (Altay, Berriche & Heuer, 2023; Allen et al., 2020; Acerbi, Altay & Mercier et al., 2022).

Una revisión de las investigaciones que se usan como fuente de este argumento revela al menos dos problemas metodológicos centrales: por un lado, cómo se mide la exposición a la desinformación; por otro, qué tipo de contenidos se consideran efectivamente desinformación.

Por ejemplo, algunos estudios se limitan a analizar el acceso a un conjunto predeterminado y reducido de sitios desinformantes, dejando fuera miles de páginas, cuentas y plataformas que también producen y difunden contenidos engañosos. Esta forma de medición tiende a subestimar el fenómeno, ya que asume que la desinformación circula exclusivamente en ciertos dominios claramente identificables, cuando en la práctica adopta formas mucho más diversas. Otros se centran exclusivamente en medir el alcance y engagement de publicaciones desinformantes que circulan en Twitter, plataforma usada solo por un pequeñísimo sector de la ciudadanía. En conjunto, y por cuestiones de dificultad metodológica, este tipo de investigaciones no suele tomar en cuenta otras fuentes relevantes de desinformación como los discursos emitidos por dirigentes políticos, comunicadores o influencers, que muchas veces se difunden a través de medios tradicionales o plataformas masivas con altos niveles de legitimidad. Tampoco se incorporan adecuadamente los contenidos que circulan por canales de mensajería privada, como WhatsApp o Telegram, donde la información se propaga de manera opaca y difícil de rastrear. A esto se suma la desinformación que circula fuera de internet —en conversaciones cotidianas, medios locales o ámbitos comunitarios—, que queda completamente fuera del radar de estas mediciones.

El segundo problema radica en cómo se define la desinformación. Gran parte de los estudios se concentra exclusivamente en afirmaciones falsas verificables, pero la desinformación no se limita a mentiras explícitas. También incluye argumentos engañosos, omisiones deliberadas, verdades a medias o información técnicamente correcta pero presentada de forma descontextualizada para promover interpretaciones erróneas (Watts et al., 2021). Algunos estudios muestran que la información sesgada o malinterpretada tiene mayor impacto negativo —por ejemplo en la intención de vacunarse— que la puramente falsa (van der Linden & Kyrychenko, 2024; Allen et al., 2024). En muchos casos, no se trata de datos falsos, sino de marcos interpretativos sesgados que orientan la comprensión de los hechos. En ese sentido, la desinformación no opera únicamente a través de contenidos aislados, sino como un proceso acumulativo de construcción de sentido (Pasquetto, Lim & Bradshaw, 2024). Por último, medir únicamente el acceso individual a determinados sitios ignora que internet es un entorno profundamente participativo, donde las nociones de verdad y evidencia se negocian colectivamente dentro de comunidades, tanto online como offline. Las personas no consumen información de manera aislada ni pasiva: interactúan, discuten, validan y refuerzan narrativas compartidas. Es en ese proceso social —más que en la simple exposición a un contenido específico— donde la desinformación despliega buena parte de su impacto.

Las consecuencias de la desinformación en el comportamiento de las personas


El otro punto central del debate gira en torno a si la exposición a la desinformación produce consecuencias directas en las creencias o en el comportamiento de las personas. Abordar esta cuestión desde un análisis empírico presenta no solo dificultades metodológicas (como aislar la exposición a la desinformación de todos los otros factores sociales y culturales que modulan las creencias y actitudes), sino también un problema epistemológico más profundo. En fenómenos sociales complejos, como la formación de opiniones políticas o actitudes sociales, exigir pruebas de causalidad directa y aislada puede resultar una vara inapropiada para evaluar relevancia.

Las creencias y los comportamientos no emergen como respuesta lineal a un único estímulo informativo, sino que se construyen a partir de múltiples factores interrelacionados: experiencias previas, identidades políticas, la confianza institucional, contextos sociales, marcos culturales y dinámicas grupales (Pasquetto, Lim & Bradshaw, 2024; Ecker et al., 2025). Desde esta perspectiva, y como argumentan Ecker et al. en su trabajo de 2025, “que los comportamientos puedan tener diversos determinantes a nivel individual no excluye que la desinformación tenga sus propios efectos (…) y un factor causal no necesita ser el único para resultar relevante.

En consonancia con este enfoque, existe evidencia consistente que muestra asociaciones entre la exposición o adhesión a narrativas desinformativas y determinadas creencias, actitudes y comportamientos.

En el ámbito de la salud pública, múltiples estudios encuentran correlaciones entre la creencia en desinformaciones específicas —como la idea de que las vacunas causan autismo— y una menor intención de vacunarse. Durante la pandemia de COVID-19, la adhesión a narrativas falsas o engañosas se asoció con menor intención de vacunación, menor cumplimiento de medidas sanitarias y mayor desconfianza hacia las autoridades de salud (Allen et al., 2024; Lee et al., 2022; Loomba et al., 2021; Pierri et al., 2022, entre otros).

En el ámbito político, la narrativa persistente sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2020 en Estados Unidos ilustra esta dinámica: si bien no explica por sí sola el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, distintos análisis señalan que esa desinformación actuó como un factor clave de movilización al reforzar la idea de ilegitimidad y proporcionar un marco que legitimó la violencia como respuesta. No fue la única causa, pero sí una de las que alimentó el conflicto.

En el ámbito electoral, la evidencia disponible sugiere que la desinformación rara vez produce cambios directos en la decisión de a quién votar. Sin embargo, que la desinformación no logre cambiar el voto no implica que carezca de efectos relevantes para la democracia. Su impacto puede manifestarse de formas menos visibles pero potencialmente más dañinas: como la desmovilización electoral, la confusión sobre los procedimientos de votación —cómo y cuándo votar—, y la erosión de la confianza en la legitimidad de los procesos y resultados electorales (Adam, 2024). Un ejemplo de esta dinámica se observó en una investigación que vinculó la difusión de teorías conspirativas sobre el fraude electoral de 2020 con una leve disminución en la participación electoral entre votantes expuestos a esas narrativas (Green et al., 2022). Aunque el efecto agregado fue cuantitativamente pequeño, el hallazgo es relevante: incluso impactos acotados pueden resultar significativos cuando afectan la disposición a participar o socavan la confianza en las instituciones democráticas. En este sentido, la desinformación no necesita cambiar opiniones políticas mayoritarias para tener consecuencias relevantes; basta con que desactive o radicalice a grupos específicos para amplificar tensiones y debilitar normas democráticas básicas.

En conjunto, el debate sobre el impacto de la desinformación no debería centrarse en si actúa como causa directa en comportamientos, sino en entender cómo incide en la vida social real: de forma acumulativa y en interacción con contextos políticos y culturales. Que sus efectos sean difíciles de aislar o cuantificar no los vuelve irrelevantes. Ignorar la desinformación porque no produce cambios masivos inmediatos implica subestimar procesos persistentes, como la erosión de la confianza institucional, la desmovilización cívica y los daños concretos en la salud pública e individual. Reconocer esta complejidad resulta fundamental para diseñar respuestas efectivas que protejan tanto la integridad informativa como la salud democrática de nuestras sociedades.

Bibliografía consultada


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